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  • Sofia De La Espriella

El sofisma de las manzanas podridas

Actualizado: 1 mar 2021

Vuelve y juega con los abusos y la violencia policial. El miércoles pasado, paradójicamente, en medio de una manifestación contra la violencia policial, se repitieron los enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad que dejaron cinco heridos, entre quienes se encuentra Gareth Steven Stella, el joven de 24 años que perdió el 90% de la visión de su ojo izquierdo. El abuso del poder policial está lejos de ser un asunto de unas cuantas “manzanas podridas” dentro de la institución o de casos aislados que cada tanto, infortunadamente, se repiten. Los famosos protocolos consagrados en el estatuto de marchas y protestas en el país son muy ambiguos y no representan los verdaderos cambios estructurales que debe tener la institución para recuperar su legitimidad. Esto no se trata de analizar los casos particulares ni las versiones de los involucrados, hay que ir al fondo de la institución.

La Policía, junto con las fuerzas militares, hace parte de la Fuerza Pública y está adscrita al Ministerio de Defensa. Esto quiere decir que es un cuerpo civil a cargo de la seguridad pública, el orden y la defensa nacional. Sin embargo, según la encuesta realizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía de Bogotá el año pasado, solo el 20% de los ciudadanos cree en la Policía y el 83% piensa que debe haber una reforma dentro de la institución. Esto se debe a que cada vez con mayor frecuencia y normalidad, en Colombia la Policía viola los derechos de los ciudadanos. La cultura del abuso, la represión y el silencio justificados por la defensa del Estado está en mora con la sociedad colombiana. No solo para explicarle al país lo que ha sucedido y responder por los casos que se han quedado impunes, también hacer las reformas estructurales que generen un cambio eficaz para que la institución ejerza realmente su labor que, según la Constitución, “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.


La pérdida de legitimidad y la desconfianza hacia la Policía no vienen únicamente del maltrato a civiles en manifestaciones, pues los numerosos escándalos de toda índole en la Policía han hecho que las personas vean con escepticismo, desconfianza y hasta rechazo la institución. Sin embargo, lo que genera mayor indignación es que en Colombia es casi que automático que cuando hay una manifestación, la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y las autoridades distritales se convierten en un centro de debate para señalarse y evadir responsabilidades de la injustificada hostilidad y violencia que se ejerce contra la ciudadanía en las protestas públicas. Las víctimas se convierten en símbolos de la impunidad y las autoridades alardean sobre su supuesta solución: “los protocolos de comportamiento”, que desde su ambigüedad ni siquiera solucionan la problemática de las manifestaciones públicas y mucho menos sirven de reforma estructural dentro de la Policía. Para que las cosas empiecen a cambiar, se debe resolver bastante: la desarticulación y fragmentación entre la Policía y las autoridades distritales, el dilema del fuero, el sofisma de las manzanas podridas y el reiterado fracaso de las reformas a la institución.

La constitución plantea que debe haber una subordinación de la Policía a las autoridades distritales, en este caso, a Claudia López por ser la alcaldesa de Bogotá. El presidente es la máxima autoridad a nivel nacional y los alcaldes y gobernadores lo son en cada entidad territorial. Sin embargo, en la realidad, no existe un trabajo cooperativo constante entre autoridades distritales y la Policía ni una subordinación de la segunda, la institucionalidad está dividida. No solo porque hay diferencias de criterios, prioridades o formas de actuar y pensar, sino también por el orden estructural. La Policía Nacional tiene una jerarquía que responde al mando policial, no al de la autoridad civil. El mando dentro de la institución recae en los comandantes de primera fila. Todo esto deriva en que en realidad no haya una cooperación ni trabajo en conjunto sino una relación fragmentada y conflictiva de desconfianza. Lo que sucede entre Claudia López y la Policía cada vez que hay un cuestionamiento público a la institución es la demostración latente de esa ruptura e incoherencia.


Otro de los grandes problemas es el peligro del fuero militar. Como la Policía en Colombia no depende del Ministerio de Gobierno o de Justicia sino del de Defensa, los delitos de los que son acusados e investigados los agentes se sancionan a través de la justicia militar, pese a que en la Constitución y en el Código Penal, la Policía está configurada como un ente civil. Los 200.000 miembros de la Policía están amparados por este derecho de fuero militar que es muy problemático porque además de representar una incoherencia con el principio constitucional del juez natural y las investigaciones independientes (ya que se supone que es una entidad civil y no militar y debería ser juzgada e investigada como civil), permite que la Policía se resguarde de los controles de otras entidades.


La gran mayoría de los casos de abuso de poder que desatan polémicas en la institución, se les atribuyen a unas cuantas “manzanas podridas” que supuestamente manchan el nombre y la legitimidad de la Policía. Sin embargo, la frecuencia con que suceden hechos condenables contra civiles demuestra que hay una tolerancia (por no decir que promueven) el comportamiento abusivo y violento dentro de la Policía. Obviamente que hay factores particulares que agravan la situación pero la repetición, la cantidad y la frecuencia de prácticas abusivas demuestra que hay algún factor organizacional. Por eso es que hay que ir más allá de cada caso. Evidentemente hay problemas estructurales en la institución y por eso hay que proponer reformas para el reclutamiento de los cadetes, cómo se les entrena, bajo qué principios se les educa, quiénes son competentes y qué se debe hacer realmente para cumplir su función de protección nacional.


Nada de lo dicho anteriormente se solucionará si las reformas siguen estando impulsadas por escándalos particulares, de nada sirve esperar a un nuevo escándalo para salir a hacer de forma improvisada protocolos y reformas ambiguos que carecen de efectividad. A largo plazo seguirá estando la necesidad de una reforma que genere cambios reales en la estructura de la institución. Ese ciclo tan característico en la Policía de escándalo, reforma, recaída y de nuevo escándalo demuestra que se deben hacer las cosas de una forma distinta para ver un cambio real. Ya está demostrado que los cambios que se proponen a raíz de un hecho particular tienden a durar solo el corto tiempo que la atención pública y mediática les dé. Una vez el hecho se olvide, el ambiente reformista desaparece y llega la impunidad.

El problema de la Policía no son los “pocos” que dañan su nombre, ni es Claudia López ni se trata de una persecución a la institución. El problema es estructural y de fondo. Hay que desmilitarizar la Policía, hacer cambios en las formas de reclutamiento, hacer seguimientos y pedagogía sobre qué es permitido teniendo en cuenta que lo que prima son los derechos humanos de los ciudadanos, dejar las ambigüedades a un lado, delimitar sus funciones y fortalecer la institucionalidad para la cooperación con las autoridades distritales. El sofisma de las manzanas podridas para evadir responsabilidades ya no sirve más. A rendir cuentas y a reformar.


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