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  • Sofia De La Espriella

La vacuna, el show y los retos que se nos vienen…

Sin ánimos de ser pesimista, ni entrar en la “fracasomanía” con la que, erróneamente, se ha empezado a confundir a los que cuestionan al gobierno y sus decisiones, es necesario hablar de todo lo que sucedió con la llegada del primer lote de vacunas al país y de los retos que se le vienen a Colombia para garantizar la inmunización de las 35 millones de personas que el gobierno prevé para este año.


La tan esperada llegada de las vacunas no ha estado exenta de polémica, como es de costumbre con cualquier decisión o evento en nuestro país. Pese a que ya se vacunaron 33.000 personas, y desde hace meses el gobierno publicó la hoja de ruta que se usará en este proceso de inmunizar a aproximadamente el 70% del país que costará alrededor de 3 billones de pesos, quedan aún muchas incógnitas por resolver para la tranquilidad de los colombianos. Acá incluidos no solo los retos logísticos, que de por sí serán enormes, sino también el dilema del control de las EPS e IPS que son parte esencial del plan del gobierno pero que padecen una crisis reputacional, de autoridad moral y logística, producto de los escándalos por corrupción y malos manejos que han tenido a lo largo de su existencia. Por supuesto que da alegría y devuelve la esperanza la llegada de las 50.000 dosis y los 33.000 vacunados pero no es momento de show ni de celebraciones exacerbadas teniendo en cuenta que Colombia es el tercer país con más muertos a causa de la pandemia en América Latina, el doceavo más afectado del mundo y de los últimos en iniciar la vacunación. Cada día que pasa son más muertos y contagiados. Ahora, más que nunca, debemos exigir menos politiquería y show y más logísticas que faciliten una vacunación rápida, segura y transparente.


Ojo que lo que sucedió el 15 de febrero no sea la antesala de una vacunación con objetivos más políticos que de salud y bienestar de la población. Podemos entender la entrega tardía de las dosis y que hayan llegado menos de las esperadas en medio de la demanda mundial que hay. Ya dimos el primer paso y eso no se puede desconocer. Sin embargo, con la llegada de las 50.000 dosis, el protagonismo fue el del show mediático, político y las polémicas, no la jornada de vacunación y eso sí no se puede permitir. En Sucre, tras la llegada de 696 vacunas, se difundió un video en el que se ve a Héctor Olimpo, el gobernador, cargando las vacunas mientras entra al hospital y alguien lo hace devolver porque “faltó Andrés para la foto” refiriéndose al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez. En Cali se reportaron retrasos en el inicio de la vacunación. Pese a que el alcalde Jorge Iván Ospina había anunciado iniciar a las 10 de la mañana, él mismo denunció que fue corrida para las dos de la tarde por una sorpresiva modificación anunciada desde la Gobernación del Valle que se daba para poder contar con la presencia del ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Asimismo llegaron denuncias de Magdalena y Bucaramanga de retrasos, desigualdad y politización en las vacunas. No sé cuál era la necesidad de la presencia de los políticos en las jornadas de vacunación pero su afán protagónico que evidentemente tiene los ojos puestos en la próxima campaña electoral y pretende hacer propaganda con las vacunas, debe acabar. No aporta nada y sí supone retrasos e impedimentos para la inmunización que en este momento ni siquiera alcanza a ser una vacunación masiva sino gota a gota.


Ahora hablemos de un problema peor: las EPS e IPS. El gobierno publicó desde hace meses que el Ministerio de Salud sería la única entidad encargada de entregar a las EPS e IPS las bases de datos que identifican a la población en diferentes fases para la vacunación. Luego, estas serán las únicas encargadas del manejo de los datos y de asegurarse que todas las personas registradas reciban la vacuna, a través de agendarles citas y buscar a la población directamente. Lo problemático es que por culpa de las EPS mueren a diario colombianos a la espera de que los atiendan o les contesten. Todos los días estas están siendo investigadas por corrupción y por su mal manejo. Básicamente son el robo, el dolor de cabeza y el azote a la salud de los colombianos. En 1993 con la Ley 100, las EPS consolidaron su poder dominante en el sistema de salud y lo han explotado desde entonces para convertirlo en un negocio.


Hablemos de algunas de las famosas modalidades que los directivos de estas EPS han utilizado en su beneficio lucrativo. No en vano hay vigentes investigaciones sobre 17 EPS y la Contraloría General de la Nación afirmó que el desfalco en el sector de salud sobrepasa los dos billones de pesos, ya que tan solo en EPS Caprecom, la más grande en el régimen subsidiado, el desvío de recursos por irregularidades supera el billón de pesos. Y en 2018, la Defensoría del Pueblo publicó que cada 52 segundos, en Colombia se radica una tutela contra el sistema de salud. La precariedad del manejo y la corrupción de las instituciones sigue impidiendo la materialización de la salud como derecho fundamental para los colombianos.

Una de las modalidades más conocidas que las EPS usaron para volverse un negocio fueron los famosos “duplicados”. No eran más que la falsificación de registros en las fases de datos para cobrarle al Estado la UPC (La Unidad de pago por capitación) que es el valor anual que se reconoce por cada afilado al sistema de salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS). Estos datos correspondían a personas inexistentes, fallecidas o repetidas para reclamar recursos que no correspondían con sus afiliados reales. En el 2018 se encontraron más de 200.000 afiliados con inconsistencias en las bases de datos, de usuarios fallecidos o que habían cambiado de régimen, por los que las EPS reclamaron recursos falsos. Otra de las malas prácticas consiste en la negación de servicios a los afiliados. Un listado de servicios que las EPS, sin justificación, acordaron no cubrir. En 2014, la SIC sancionó a Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) y a 14 EPS pertenecientes a la asociación, por haber decidido, arbitrariamente, no cubrir ciertos servicios, sin justificación alguna y por haber cobrado dos veces por algunos de los que sí brindaron a sus afiliados. Ni hablar de las humillaciones, maltrato y negligencia que vemos todos los días por parte de las EPS a sus afiliados.


La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han estado detrás de algunas de las investigaciones y denuncias a estas instituciones pero sigue generando rabia e impotencia que las cosas sean así en nuestro país. Las EPS e IPS, que fueron creadas bajo el supuesto de garantizar la prestación de la salud a los colombianos, y se han convertido en su principal impedimento. No solo carecen de autoridad, credibilidad y legitimidad sino que representan un santuario de corrupción en el país. Ojo que ahora con la vacunación no se detonen más los problemas con este sistema de salud. Ahora mismo, la responsabilidad de llamar y contactar de forma organizada, como lo propuso el gobierno, está en manos de estas instituciones que se destacan por hacer padecer a los colombianos las consecuencias de ser un sistema corrupto y negligente. Dentro de los grandes retos que tiene el país en la labor titánica de la inmunización de la población, debe estar el manejo, la supervisión y control minucioso a las EPS e IPS para evitar que sigan con lo que llevan haciendo desde hace dos décadas.



Aún queda pendiente que nos expliquen a los colombianos cómo será la vacunación para quienes no están asegurados o afiliados al sistema de salud. Si bien el gobierno dijo que las entidades territoriales serán las encargadas de identificar a esta población y asignar una IPS vacunadora para asegurar las mismas condiciones y posteriormente se buscará afiliar a cada una de esas personas al sistema de salud, no queda claro cómo será el proceso para que eso realmente se lleve a cabo. Adicionalmente, debe haber un plan para actualizar las bases de datos de los afiliados, sobre todo para las personas mayores de 80 años, una de las poblaciones más vulnerables, que tienen dificultades con el acceso a plataformas digitales. Además, un plan para otras poblaciones en riesgo que deben ser consideradas también como prioridad por su vulnerabilidad en la sociedad: los indígenas, los inmigrantes y las personas con discapacidades mentales y motrices. Tener en cuenta también un plan para las personas con alta exposición al virus como trabajadores en servicios de transporte público, ventas ambulantes y domiciliarios. Y un fortalecimiento de los planes de pedagogía frente a la vacunación que fomenten la información veraz y disipen el miedo, desconocimiento y esparcimiento de fake news sobre las vacunas.


Empezaron a llegar las vacunas y eso nos llena de esperanza pero que esa alegría no nos desvíe de exigir que se actúe en servicio de todos los colombianos. Nadie se puede quedar atrás y el control y cuestionamiento al gobierno y las instituciones encargadas es clave para exigir una distribución equitativa y sin criterios políticos.

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