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  • delaespriellasofia5

No al glifosato

El gobierno de Iván Duque ha vuelto a impulsar uno de los viejos mecanismos del prohibicionismo que ha demostrado ser ineficiente y peligroso para enfrentar la guerra contra las drogas: la fumigación aérea con glifosato. Lejos de tratarse de un debate puramente técnico, se trata de un asunto complejo que involucra diferentes aspectos. Diversos estudios han demostrado la baja eficiencia de este mecanismo como arma para enfrentar el innegable aumento de los cultivos ilícitos y sus graves consecuencias sociales, ambientales y en daños a la salud. Ante un panorama dividido, hay que analizar las distintas consecuencias de las aspersiones de este herbicida y su efectividad real para entender que la solución no es recurrir a mecanismos fallidos de antes sino que es hora de explorar mejores soluciones que sean más eficientes y con menos riesgos.


Imagen de: semana.com


Colombia ha utilizado la fumigación con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos desde los años ochenta. Varios gobiernos centraron su solución en la guerra contra las drogas en este mecanismo. Sin embargo, este ha demostrado ser insuficiente y costoso, pues para erradicar una hectárea definitiva, hay que fumigar 33 hectáreas, según un estudio realizado por la Universidad de los Andes. En el 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirmó que los cultivos ilícitos de coca se redujeron en un 9%, 15.000 hectáreas menos en el país. Pero esa cifra, aparentemente positiva, se desdibujó con el aumento en un 1,5% de producción de coca alcanzando uno de los niveles más altos en los últimos años y manteniendo el puesto de Colombia como el mayor productor de coca en el mundo. El negocio se ha vuelto más eficiente con mayor productividad en menos hectáreas de cultivo.


Sobre las consecuencias en la salud de las personas hay cuatro aspectos para destacar: las consecuencias tóxicas (agudas y crónicas) del uso del glifosato, las enfermedades indirectas que genera, los efectos de las modificaciones ambientales y los principios bioéticos que se deben tener en cuenta. El especialista en toxicología, Miguel Tolosa, explicó que los efectos agudos, como las convulsiones a corto plazo, pueden no ser tan comunes. Sin embargo, afirmó que los crónicos, que están asociados al desarrollo a largo plazo de enfermedades como el cáncer sanguíneo, no hay cómo hacerles rastreo en Colombia dado que no existe un protocolo de seguimiento a largo plazo de las consecuencias crónicas de este herbicida. Asimismo, un estudio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), señaló que las actividades de fumigación deterioran significativamente la calidad de vida de las personas, reducen su productividad e incluso pueden generar una menor expectativa de vida. Su uso genera múltiples problemas respiratorios, oculares, hormonales y dermatológicos.



Sobre el medio ambiente, la aspersión contamina los suelos, las fuentes hídricas, contribuye a la deforestación y afecta la germinación de las semillas que, según estudios, puede reducirse entre un 24 y un 85 por ciento. Además, tiene impactos negativos también para la fauna. Por ejemplo, en el desarrollo de los anfibios o en las afectaciones en las abejas, produciendo una desorientación para el regreso a sus colmenas o su envenenamiento; algo que pone en riesgo la biodiversidad y seguridad del ecosistema así como la nutrición y el sustento de los seres humanos. Todo esto sin hablar de los daños sociales que producen las fumigaciones: el aumento de poblaciones en estado de vulnerabilidad, la descampesinización, el incremento del desplazamiento y de la violencia y el crecimiento de descontento y necesidades de las comunidades cocaleras que iniciaron sus procesos de paso a la legalidad con el acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que aún falta mucho por transformar en materia de inversión, trabajo integral y desarrollo de oportunidades.


Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en las fumigaciones con glifosato si no han demostrado nada más que ser una desgracia? Por supuesto que es responsabilidad del Estado tener una política antidrogas, pero debe efectuarse con enfoques que trasciendan la seguridad. Respetando los derechos de la población, la salud pública y con enfoques en políticas de desarrollo integral que busquen reducir la pobreza, invertir en infraestructura pública local y brindar oportunidades a quienes se han visto más afectados por esta guerra. Todo esto requiere de más ambición y tiempo. Sin duda es más complejo, pero en definitiva, el glifosato no es la solución.


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